SOBRE EL DERECHO A DECIDIR: A PROPÓSITO DE CATALUÑA

SOBRE EL DERECHO A DECIDIR: A PROPÓSITO DE CATALUÑA

Por Gustavo G. Grillasca

 

 

Un modelo social sostenible, con instituciones que defiendan los intereses de la ciudadanía y donde la resolución de conflictos sea únicamente a través del dialogo y la negociación, requiere un componente indispensable: el respeto a los derechos naturales de las personas, como la libertad de expresión, la autodefensa o el derecho a decidir.

 

¿Qué entendemos por derecho a decidir?

 

El derecho a decidir no es igual que el derecho a la educación o la representación parlamentaria. Para opinar, defenderse, juzgar, elegir y decidir se requiere únicamente la madurez para hacerlo. Reclamar autogobierno es la consecuencia necesaria y fundamental de quien se considera maduro para decidir y actuar, y esto aplica tanto a las naciones, como a las instituciones, pero sobre todo a los individuos, que son de quienes parte este principio natural.

Los derechos institucionalizados por otro lado, como componentes esenciales del estado de bienestar –siendo ideas europeas bien arraigadas– nacen del consenso, requieren de un convenio y siempre dependen de alguien más. Por lo tanto no pertenecen a la misma jerarquía moral los derechos por consenso (como la educación), y por otro los derechos naturales (como la libertad de expresión), y sólo los primeros pueden estar subordinados a los segundos y no al revés. Porque un derecho natural nadie te lo da, son derechos que no necesitan permiso porque no requieren consenso, son derechos que se toman.

Dentro de un discurso la democracia, la ley, las constituciones y parlamentos funcionan en su conjunto como el medio para garantizar los derechos de las personas; y sin embargo en la práctica son un fin en si mismos, se elevan a la jerarquía de derechos inapelables cuando en realidad nacieron por consenso, y sirven de facto como instrumento para garantizar la continuidad de un orden.

Por eso reclamar autogobierno aunque tiene todo el sentido del mundo para algunos, implica cambio y provoca rechazo para quien defiende un orden establecido.

La autonomía, soberanía, autogobierno, derecho a decidir, etc. derechos naturales dentro de los valores morales que defiende la sociedad europea, armonizan con el discurso pero entran en conflicto con las instituciones.

Así que la pregunta está clara: ¿qué es lo que vamos a defender: El valor moral de los derechos de las personas y los pueblos, o las instituciones y sus procedimientos?

 

Ante un conflicto de intereses.

 

No olvidemos que toda secesión, toda independencia y toda creación de un nuevo orden es una lucha de intereses, principalmente económicos. Y esto no es nuevo y no es necesariamente algo malo. Todos tenemos intereses porque todos vivimos en una comunidad progresivamente interconectada.

Nadie quiere ni caos ni rupturas, por eso convivir dentro del respeto a la ley y el orden requiere negociación y consenso fuera del alcance del recurso a la violencia, ya que la mínima respuesta y oposición digna ante una agresión violenta es la desobediencia.

Por eso nunca será posible una verdadera resolución pacífica de conflictos si en última instancia todo depende de la ley que establece una institución coercitiva, que se adjudica el monopolio a la violencia, imposibilitando la demanda de una efectiva rendición de cuentas.

Los únicos que promueven la ruptura y el colapso económico son aquellos que antes de agotar las negociaciones y el diálogo se pueden permitir utilizar la fuerza, como la persecución y el encarcelamiento, porque tienen la capacidad efectiva de ejercer coerción sobre una población que no quiere ruptura, y porque están dispuestos a destruir la economía antes que trabajar en un cambio. Ese monopolio de violencia y poder es lo que debe desaparecer para avanzar hacia un modelo pacífico de resolución de conflictos.

 

La solución pacífica.

 

La construcción de una sociedad libre de violencia, donde el único camino a la resolución de conflictos sea la negociación y el diálogo, será posible a través de la adopción masiva de tecnologías descentralizadas, globalmente distribuidas, matemáticamente predecibles y resistentes a la censura y el control unilateral.

En un mundo en donde se desvanecen las barreras en la comunicación, donde obstaculizar el flujo de información es ya casi un imposible, y donde la fuerza bruta con la que se sostiene el status quo es cada día más evidente, la descentralización es inevitable.

Es hora de abandonar la idea de una administración central con un supuesto derecho a la violencia, romper la resistencia del poder político hacia la descentralización y desmantelar la capacidad que tienen unos sobre otros de actuar con el uso de la fuerza.

Ahora toca enfocarnos en los consensos que permitan equilibrar el modelo social, construir a partir de los valores que entienden las grandes mayorías, y por eso el respeto a decidir es el único camino hacia una sociedad global pacífica.

 

 

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Gustavo G. Grillasca es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana y tiene una Maestría en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es cofundador de Biprocel.com, así como fundador y CEO de Artolin.org. Apasionado del arte y la filosofía, promueve la divulgación del conocimiento científico, económico y tecnológico.

 

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